Coahuila , no pasa nada.

Es sinceramente inverosímil que un aparato complejo que supone tener filtros y más filtros para evitar la ilegalidad permita que situaciones como la enorme deuda con la que se ha quedado el estado de Coahuila, sucedan.

Pero no debería ser difícil de creer, si tenemos, en los puestos más altos, en las sillas que más poder sostienen, a personas que con la mano en la cintura dicen: señor, me ofende, mis manos están limpias, cuando es claro que durante su administración se cometieron varias irregularidades que le costarán a la ciudadanía más y más años de sudor. A la ciudadanía, no a ellos, eso lo tenemos bien claro, eso se han encargado los impunes de dejárnoslo claro.

Cuando el 2 de enero de este año, Humberto Moreira Valdés dejó el puesto de Gobernador de Coahuila para perseguir la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, tal vez nos imaginábamos alguno que otro misterio presupuestario aparecería en su administración, lo normal, dirían los resignados. Sin embargo hace un par de meses se destapó la cloaca y fue entonces cuando supimos, la deuda del estado de Coahuila ha crecido desproporcionadamente, absurdamente.

En junio de este año, la primera de las acusaciones salió al aire, el Partido Acción Nacional, a través de los diputados locales y el delegado del partido en Coahuila, Federico Dóring, denunciaron a Moreira por un endeudamiento de tres mil millones de pesos. La estrategia utilizada para lograr este endeudamiento fue a través de documentos apócrifos presentados a los bancos para obtener créditos y realizar fideicomisos.

En ese momento se acusaba a la administración de Moreira de lo siguiente:

La solicitud de dos trámites de contratación de recursos de deuda pública para lo que presentó dos acuerdos del Congreso locar apócrifos, es decir no oficiales.

1.La presunta ‘desaparición’ de 762 millones de pesos de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, pues estos recursos nunca llegaron en beneficio de los carboneros de la región.

2.El crédito que solicitó SATEC de dos mil millones de pesos, sin la autorización del Congreso local y echando mano de decretos apócrifos, los cuales fueron presentados por el diputado local Rodrigo Rivas como evidencia.

3.Un crédito de mil millones de pesos que el gobierno estatal publicó el 12 de julio del 2010 en el decreto número 318 que no fue expedido por el Congreso local.

Como si esta denuncia no hubiera sido presentada, el gobernador interino que tomo el cargo que Moreira dejara en enero, Jorge Juan Torres López, presentó la Ley de Deuda Pública del estado de Coahuila ante el Congreso Local. Dicha Ley fue aprobada el 6 de agosto de este año y fue publicada en el Diario Oficial al día siguiente.

21 días más tarde la PGR anunciaba que impugnaría la ley pues la consideraba anticonstitucional y con fines personales: “el gobierno estatal busca legalizar el refinanciamiento de la deuda que ocultó y que asciende a 32 mil millones de pesos”.

Se acusó de que dicha ley pervierte el significado de lo que son las inversiones públicas productivas y trata de equiparar las obras públicas, los servicios, los programas sociales y los proyectos de infraestructura y desarrollo para justificar la adquisición de deuda.

En general esta Ley le otorga 134 funciones de fiscalización al Poder Legislativo, para que revise los créditos que obtenga el Gobierno estatal, los 38 municipios, así como los organismos paraestatales y paramunicipales.

Sin embargo, es el artículo nueve el que le confiere mayor poder al legislativo para realizar legalmente endeudamientos sin necesidad de consultarlo antes con el Congreso:

Las Entidades podrán contratar empréstitos o créditos, sin la previa autorización del Congreso, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. El plazo de pago del capital no exceda de trescientos sesenta días naturales;

II. No se afecten en garantía, ni como fuente de pago, ingresos derivados de la coordinación fiscal; y

III. Se informe al Congreso al rendir la cuenta pública correspondiente.

Desgraciadamente fue una semana después de que dicha ley fuera aprobada, cuando el Partido Acción Nacional denunciara a Moreira por aumentar la deuda de Coahuila en un 434 por ciento durante su administración.

Gustavo Madero, presidente del PAN, fue el encargado de anunciar la escalofriante cifra luego de que Moreira “secuestrara la asablea”: “Siendo gobernador de Coahuila, Humberto Moreira aumentó la deuda estatal en un 434 por ciento. Ésta pasó de 323 a 31 mil 934 millones de pesos”.

El 25 de ese mismo mes, el secretario de Hacienda, Cordero, informó de una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable por la contratación irregular de deuda por parte del estado de Coahuila.

Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda y Crédito Público declaró que:

“En en el registro de la SHCP solo teníamos 8,000 millones de pesos; en los reportes de las calificadoras -incluso en sus estimaciones más pesimistas- decían que tenían hasta 14,000 millones de pesos, pero resulta que tenían 32,000 millones”, así mismo ratificó que “No hay cacería de brujas en el caso de Coahuila, ni el asunto es político. El caso de la entidad sí destaca entre los estados por el incremento tan importante que tuvo de su deuda, la cual pasó de 323 millones de pesos en 2005 a casi 32,000 millones actualmente“.

Cinco días más tarde, el 30 de agosto de este año, Moerira comenzó con su lavado de manos: presentó una denuncia ante la PGR por el uso de documentos falsos para obtener créditos bancarios por tres mil millones de pesos. El siete de septiembre ratificó su denuncia y desde ese entonces ha seguido repitiendo su discurso: la investigación de la deuda coahuilense es una artimaña política por parte del PAN que pretende desprestigiarlo a él y al partido que representa. Incluso se ha mostrado indignado por la situación y hasta feliz por la captura de Javier Villarreal Hernández, el ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado, que se dio el viernes pasado.

La secretaría de Hacienda volvió a presentar otra denuncia el 28 de septiembre de este año. En esta ocasión hablaba también de la falsificación de documentos, en ella acusaba a funcionarios estatales y a dos federales. Como bien investigó el diario Reforma en su momento, Héctor Javier Villarreal estaba en la mira, pues fue él quien firmó los expedientes que tramitaron varios créditos ante la Unidad de Coordinación de Enlace con Entidades Federativas de Hacienda.

En la denuncia se hizo nuevamente referencia a la deuda de mil millones de pesos para “programas de inversión y obra pública” y que justificó con el decreto 318 del Congreso local, que fue publicado en el Periódico Oficial el 12 de julio de 2010 y autorizaba contratar dicho crédito.
Al adeudo por 2 mil millones de pesos a 15 años, destinado a la Comisión Estatal de Agua que comprometió el 6.5 por ciento de participaciones federales y con el que creó un fideicomiso a través de Banco Santander.

En ambos casos, según Hacienda, los decretos del Legislativo estatal eran apócrifos. El primero no se publicó en la fecha que se dice ni corresponde a la autorización de deuda, ya que ese día ni siquiera hubo publicación oficial.
 En el caso del segundo crédito, que refería al decreto 476 publicado el 14 de octubre de 2010 en el Diario Oficial, los errores eran dos. En esa fecha, el Diario Oficial no incluyó el decreto 476, sino una autorización para crear la oficialía civil número 40 y el decreto con el número en cuestión se publicó hasta el 19 de abril de este año, pero no estaba vinculado al adeudo, sino la designación de una regidora del Ayuntamiento de General Cepeda.

Es así que Villarreal logró quitarle el puesto de villano a Moreira. Así es, Villarreal y su amigo, Sergio Ricardo Fuentes, ex administrador general de políticas públicas de SATEC, son ahora a los ojos públicos los responsables de la deuda más misteriosa de la historia del país. Moreira sigue dándose golpes de pecho y se hace el ofendido desde su silla que honra los puestos heredados, sino veámos la candidatura de su hermano para la gobernatura de Coahuila.

El Pasado 28 de octubre la fiscalía solicitó la aprehensión de estos dos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila. Ambos fueron arrestados en los dos días siguientes y, aunque nos cueste creerlo, ambos están libres hoy después de pagar una fianza de 10 millones de pesos, presumen algunos medios.

Ayer, en la primera plana del Reforma aparecieron las numerosas propiedades que la familia Villarreal ha comprado en los últimos años, diez casas de varios millones, terrenos y negocios en el seguro condado de Brownsville en Texas.

Ayer también se dicto auto de formal prisión a Javier Villarreal, sin embargo no se le dará cárcel inmediata por haber pagado su fianza y porque sus delitos no son de “gravedad”. No sé, queridos lectores, cómo define nuestra constitución la gravedad de un delito. A mí, en lo personal, los fraudes de los que se acusa a Villarreal me parecen bastante graves.

Por su parte los empresarios de Coahuila se muestran escépticos ante el proceso del que hemos sido testigos, los representantes de la Coparmex en Coahuila acusan de farsa a la investigación que se lleva a cabo:

“Sabían bien las autoridades de Coahuila que Javier Villarreal se iba a entregar o lo iban a detener para en seguida dejarlo libre bajo fianza”, aseguró Víctor Alducin, presidente de Coparmex Laguna.

De 323 a 31 mil 934 millones de pesos, ¿a dónde se fue ese dinero? ¿A las arcas de quién? Lo único que podemos decir es que la deuda apenas comienza, de acuerdo con Banamex, si a los 33 mil millones de pesos avalados como deuda por 30 años para Coahuila le aumentamos 39 mil millones de pesos por concepto de intereses que generará esa cantidad en ese lapso, entonces estaremos hablando de 39 mil millones de pesos adicionales. 72 mil millones de pesos, si bien nos va. ¡Gracias, señor Moreira, por su integridad intachable y por señalar a los culpables, pero su ineptitud como gobernador permitió que semejantes fraudes se cometieran! ¡Gracias, señor Moreira, por una deuda que, estamos todos seguros, no necesitábamos!